Abogados laborales que trabajan con inteligencia artificial

Si lo despidieron sin aviso por escrito o por una causa que el patrón no puede probar, usted puede pedir que lo reinstalen o que le paguen tres meses de salario, más los salarios vencidos hasta por doce meses y, si al término de ese periodo el juicio no ha concluido o la sentencia no se ha cumplido, intereses del 2 % mensual sobre quince meses de salario. Le corresponden además las partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional y, si es trabajador de planta, la prima de antigüedad de doce días de salario por año, con el tope salarial que fija la ley. La acción prescribe en dos meses contados desde el día siguiente al despido, por lo que conviene iniciar la conciliación de inmediato.

Ley Federal del Trabajo, arts. 47, 48, 79, 80, 87, 162, 486, 518 y 784.

Antes de demandar, la mayoría de los conflictos debe pasar por la conciliación: ante el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco si la empresa es de competencia local, o ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral si pertenece a una rama o empresa de competencia federal, como la automotriz, la química y farmacéutica, la de alimentos y bebidas envasados, la banca o las que operan con concesión federal. La audiencia debe celebrarse dentro de los quince días siguientes a la solicitud, el procedimiento no debe exceder de cuarenta y cinco días naturales y la presentación de la solicitud suspende el plazo para demandar por despido. Llegamos a la audiencia con el cálculo hecho, para que usted decida con números si le conviene el arreglo, y revisamos que el convenio no contenga renuncia de derechos.

Ley Federal del Trabajo, arts. 33, 518, 521, fr. III, 527, 684-B, 684-D, 684-E y 685 Ter.

La ley fija mínimos que el patrón debe cubrir: aguinaldo de quince días de salario antes del 20 de diciembre, doce días de vacaciones al cumplir el primer año, que aumentan con la antigüedad, prima vacacional de al menos 25 %, prima dominical de al menos 25 %, horas extra pagadas al doble, y al triple las que exceden el límite semanal, y el reparto de utilidades dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que el patrón debe pagar su impuesto anual. Estas prestaciones se reclaman dentro del año siguiente a que fueron exigibles y, en juicio, por regla general corresponde al patrón probar que las pagó. Hacemos el cálculo con sus recibos y le decimos qué se puede reclamar.

Ley Federal del Trabajo, arts. 66, 68, 71, 76, 80, 87, 122, 516 y 784.

La ley permite al trabajador terminar la relación sin responsabilidad cuando el patrón reduce el salario, no lo paga en la fecha o el lugar convenidos, incurre en malos tratos, hostigamiento o acoso, pone en peligro su salud o le exige conductas que atentan contra su dignidad. En ese caso le corresponde la indemnización del artículo 50: tres meses de salario, veinte días por cada año de servicios si la relación es por tiempo indeterminado y salarios vencidos, además de la prima de antigüedad. El plazo para separarse es de treinta días desde que ocurre la causa, y como usted tendrá que probarla, conviene reunir la prueba antes de dar el paso.

Ley Federal del Trabajo, arts. 50, 51, 52, 162, fr. III, y 517, fr. II.

La ley define el hostigamiento y el acoso sexual, prohíbe al patrón realizarlos o tolerarlos y le obliga a contar con un protocolo para atenderlos; también prohíbe despedir a una trabajadora o presionarla para que renuncie por estar embarazada. Cuando el conflicto versa sobre discriminación o acoso u hostigamiento sexual, puede acudirse directamente al tribunal sin agotar la conciliación, y si se concilia, el Centro debe evitar que la víctima se encuentre con la persona señalada. Le ayudamos a reunir la prueba, como mensajes, testigos y reportes internos, y a elegir la vía: queja conforme al protocolo de la empresa, rescisión con indemnización o demanda.

Ley Federal del Trabajo, arts. 3o. Bis, 51, frs. II y IX, 132, fr. XXXI, 133, frs. XII, XIII y XV, 684-E, fr. XII, y 685 Ter, fr. I.

Un accidente en el trabajo o en el trayecto directo entre su casa y el trabajo, o una enfermedad causada por las labores, da derecho a atención médica, rehabilitación, salario íntegro durante la incapacidad temporal e indemnización según el grado de la incapacidad. Si el patrón lo tenía inscrito en el IMSS con su salario real, queda relevado de esas obligaciones; si no lo inscribió o declaró un salario menor, la ley pone a su cargo el costo correspondiente, y si el riesgo se debió a su falta inexcusable, como incumplir las normas de seguridad, la indemnización puede aumentar hasta en 25 %. Además, el patrón debe reponerlo en su empleo si está capacitado y se presenta dentro del año siguiente a que se determinó la incapacidad, y la acción para cobrar la indemnización prescribe en dos años.

Ley Federal del Trabajo, arts. 473, 474, 475, 487, 490, 491, 498 y 519, fr. I; Ley del Seguro Social, arts. 53, 54 y 77.

Cuando una persona trabajadora fallece, sus beneficiarios pueden cobrar los salarios, prestaciones e indemnizaciones que le quedaron pendientes y continuar los juicios que tuviera, sin necesidad de juicio sucesorio. Para ello se promueve ante el tribunal laboral un procedimiento especial de designación de beneficiarios, que no requiere conciliación previa; el tribunal investiga quiénes dependían económicamente de la persona fallecida y convoca a todos los interesados. La ley reconoce, entre otros, a la viuda o el viudo, a los hijos menores de dieciocho años, a los de hasta veinticinco que estudian y a los que tienen una incapacidad de cincuenta por ciento o más, a los ascendientes y, a falta de cónyuge, a la persona con quien vivió en concubinato; la prima de antigüedad se paga a los beneficiarios cualquiera que haya sido la antigüedad.

Ley Federal del Trabajo, arts. 115, 162, fr. V, 501, 503, 685 Ter, fr. II, 892 y 896.

Quien trabaja para el Gobierno de Jalisco, un ayuntamiento, un organismo constitucional autónomo o un organismo público descentralizado estatal o municipal se rige, por regla general, por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, y sus conflictos los resuelve el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, sin pasar por el Centro de Conciliación. Un servidor público de base sólo puede ser cesado por causa justificada y mediante un procedimiento administrativo con acta firmada ante dos testigos y plazos que la ley regula; si la entidad no lo siguió, no puede alegar en juicio el supuesto abandono de trabajo. Si el cese fue injustificado puede pedir la reinstalación o tres meses de salario, más sueldos vencidos hasta por doce meses, y el plazo para demandar es de sesenta días desde el día siguiente a la notificación del cese; los policías y el personal del Poder Judicial del Estado siguen reglas y tribunales distintos.

Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios (última reforma publicada el 1 de junio de 2023), arts. 1, 22, 23, 25, 26, 106-Bis, 107 y 114; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, arts. 115, fr. VIII, segundo párrafo, 116, fr. VI, y 123, apartado B, fr. XIII.

Quienes trabajan en dependencias del Gobierno federal, aunque estén adscritos en Guadalajara, se rigen por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y sus conflictos los resuelve el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Para cesar a un trabajador de base por faltas graves, la dependencia debe levantar acta administrativa y obtener una resolución de ese Tribunal, y el despido o la suspensión injustificados se reclaman dentro de los cuatro meses siguientes a su notificación. Los trabajadores de confianza quedan excluidos de esa ley y conservan la protección al salario y la seguridad social, y no todos los organismos federales se rigen por ella, por lo que conviene revisar el nombramiento y la institución antes de definir la estrategia.

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, arts. 1o., 8o., 46, fr. V, 46 Bis, 113, fr. II, inciso a), 124, fr. I, y 127 Bis; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 123, apartado B, fr. XIV.

Cuando llega una demanda, la empresa tiene quince días para contestarla en el procedimiento ordinario, o diez en los procedimientos especiales, y en ese escrito debe ofrecer sus pruebas y, en su caso, reconvenir; si no lo hace, se tienen por admitidas las peticiones del trabajador, salvo las contrarias a la ley. En juicio corresponde al patrón probar, entre otros hechos, la fecha de ingreso, el salario, la jornada, el pago de prestaciones y la causa del despido, y la falta de aviso de rescisión por escrito hace presumir que el despido fue injustificado. Revisamos el expediente del trabajador, las nóminas y los controles de asistencia, y le decimos qué conviene defender y qué conviene negociar.

Ley Federal del Trabajo, arts. 47, 784, 804, 873-A, 892 y 893.

Un convenio o finiquito laboral debe constar por escrito, detallar los hechos y los derechos que comprende y ratificarse ante el Centro de Conciliación o el tribunal, que sólo lo aprueba si no contiene renuncia de derechos; firmado sin esa intervención, el trabajador puede pedir la nulidad de lo que implique renuncia. Celebrado ante el Centro de Conciliación, el convenio tiene la calidad de cosa juzgada y puede ejecutarse directamente, y si se pacta en pagos diferidos debe fijarse una pena por incumplimiento no menor al salario diario del trabajador por cada día de retraso. Asesoramos a la persona trabajadora que recibe una propuesta y a la empresa que necesita cerrar una relación laboral en orden.

Ley Federal del Trabajo, arts. 33, 53, fr. I, y 684-E, frs. VIII y XIII, y último párrafo.

La prevención empieza por los documentos: contratos individuales con el contenido que exige la ley, un reglamento interior de trabajo depositado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral dentro de los ocho días siguientes a su firma y el protocolo para prevenir la discriminación y atender casos de violencia, acoso u hostigamiento sexual. Revisamos también el cumplimiento de la NOM-035-STPS-2018 sobre factores de riesgo psicosocial y la subcontratación, que sólo se permite para servicios u obras especializados ajenos al objeto social y a la actividad preponderante de la empresa, con contratistas inscritos en el padrón de la STPS. Un expediente laboral ordenado es lo que la empresa necesitará para probar en juicio.

Ley Federal del Trabajo, arts. 12, 13, 14, 15, 24, 25, 132, fr. XXXI, 422 a 425 y 804; NOM-035-STPS-2018 (DOF 23 de octubre de 2018).

La reforma a la Ley Federal del Trabajo publicada en el DOF el 1 de mayo de 2026 fija la jornada máxima en cuarenta horas semanales, que se alcanzará de forma gradual: 48 horas en 2026, 46 a partir del 1 de enero de 2027 y dos horas menos cada año hasta llegar a 40 en 2030, sin reducir salarios ni prestaciones. También cambia el régimen de horas extra y obliga a registrar electrónicamente la hora de inicio y fin de la jornada de cada trabajador; las disposiciones de la STPS sobre su alcance y excepciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2027, y el incumplimiento se sanciona con multa de 250 a 5,000 UMA. Le ayudamos a rediseñar turnos, contratos y reglamento, y a acordar el registro con el personal, que es la condición para que haga prueba plena.

Ley Federal del Trabajo, arts. 59, 61, 66, 68, 132, fr. XXXIV, y 994, fr. IV Bis; Decreto publicado en el DOF el 1 de mayo de 2026, transitorios segundo, cuarto, quinto y séptimo.

La inspección del trabajo, federal o estatal según la actividad de la empresa, puede visitar el centro de trabajo, interrogar al personal y exigir los registros y documentos que imponen las normas de trabajo, como contratos, nóminas, controles de asistencia y el protocolo contra el acoso. Las multas se calculan en Unidades de Medida y Actualización, se imponen por cada trabajador afectado y se duplican en caso de reincidencia. Revisamos el cumplimiento antes de la visita, acompañamos a la empresa durante la diligencia y, si se impone una sanción, la impugnamos por la vía que corresponda.

Ley Federal del Trabajo, arts. 523, 527, 540, 541, 992, 994 y 1008.