Abogados administrativistas que trabajan con inteligencia artificial

Revisamos si la autoridad que lo multó es competente, si la sanción cita las normas exactas y explica los hechos, si el monto se ajusta a la ley y si la notificación fue válida. Las multas de autoridades municipales y estatales se combaten con el recurso que prevea su ley o directamente con el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, porque en Jalisco agotar el recurso es optativo; si sólo se discute el monto, la ley estatal prevé además el recurso de inconformidad, que se presenta ante la misma autoridad dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación. Las multas federales se impugnan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde las que únicamente imponen una multa de hasta treinta veces la UMA elevada al año se tramitan, por regla general, en la vía sumaria. En ambos tribunales el plazo para demandar es de treinta días hábiles.

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco (última reforma P.O. 20-08-2026), arts. 1, 9, 19, fr. II, y 31; Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco (última reforma P.O. 02-06-2026), arts. 142 y 143; Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, art. 4, numeral 1, fr. I; Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, art. 3, fr. IV; Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (última reforma DOF 09-06-2026), arts. 13, fr. I, 58-2, fr. II, y 74, fr. II.

En una visita de verificación o inspección el servidor público debe identificarse, entregar la orden de visita y levantar un acta circunstanciada, y no puede imponerle una sanción en la misma visita de verificación, aunque sí medidas de seguridad cuando advierta un riesgo grave. Usted puede hacer observaciones durante la diligencia y, en los procedimientos regidos por la ley estatal, ofrecer pruebas dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha del acta. Revisamos la orden y el acta, preparamos sus pruebas y, si la clausura ya se ejecutó, pedimos en el juicio de nulidad la suspensión o las medidas cautelares positivas que la ley prevé para evitar un daño irreparable mientras se resuelve, o valoramos el amparo. Quebrantar los sellos puestos por orden de autoridad es delito en Jalisco, así que la reapertura debe buscarse por la vía legal.

Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco (última reforma P.O. 02-06-2026), arts. 69, 71 a 75 y 121 a 123; Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, art. 148; Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, arts. 66, 67 y 70; Ley de Amparo, art. 61, fr. XX; Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, art. 132.

Lo acompañamos cuando el ayuntamiento niega, condiciona, no renueva o revoca su licencia, y cuando simplemente no resuelve. La ley estatal de procedimiento administrativo, que se aplica en los municipios cuando su reglamento no regula el trámite, considera las licencias y los permisos actos regulativos: si la norma específica no fija otro plazo, la autoridad tiene treinta días hábiles para resolver, y vencido ese plazo con la solicitud completa y los pagos que exija la ley, puede pedirse al Tribunal de Justicia Administrativa que declare la afirmativa ficta. Los giros con venta de bebidas alcohólicas se rigen además por la ley estatal de la materia, que prevé multas, clausuras y revocación de la licencia, impugnables con los recursos de la ley estatal de procedimiento administrativo.

Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, arts. 2, 9, fr. I, inciso b), 29, 31 y 33; Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, arts. 108 a 111; Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco (última reforma P.O. 07-03-2026), arts. 148 y 150; Ley para Regular la Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Jalisco, arts. 47 y 60.

Antes de comprar, rentar o construir, revisamos el plan de desarrollo urbano aplicable y el dictamen de usos y destinos, que la dependencia municipal debe expedir a quien lo solicite, previo pago del derecho, en un plazo no mayor de una semana; si no lo expide, puede impugnarse la negativa ficta. Si el municipio niega la licencia, la condiciona a requisitos que no prevé la norma, suspende la obra o impone una sanción urbana, proceden los recursos de la ley estatal de procedimiento administrativo o el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Para ciertos trámites del urbanizador, el Código Urbano prevé además la afirmativa ficta.

Código Urbano para el Estado de Jalisco (última reforma P.O. 27-06-2026), arts. 262 Bis, 284, 366, 396, 397 y 399; Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, arts. 133 y 135; Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, arts. 9 y 31.

El juicio procede contra actos y resoluciones de autoridades estatales y municipales y de sus organismos descentralizados, y también contra reglamentos y acuerdos de observancia general a partir de su primer acto de aplicación. La demanda se presenta dentro de los treinta días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación o a que usted conozca el acto, en la sala o en línea, y en ella puede pedirse la suspensión o medidas cautelares. Si lo que se impugna es una negativa ficta, la demanda puede presentarse en cualquier tiempo una vez transcurrido el plazo para que se configure y mientras la autoridad no dicte resolución expresa, acompañando la copia de su solicitud con el sello de recepción.

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco (última reforma P.O. 20-08-2026), arts. 1, 9, 19, fr. II, 31, 32, 36, fr. IV, 66 y 67; Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, art. 4.

Procede, entre otros supuestos, contra multas por infracción a normas administrativas federales, resoluciones que ponen fin a un procedimiento administrativo federal, negativas fictas, pensiones civiles, responsabilidad patrimonial y licitaciones y contratos federales. El plazo es de treinta días hábiles desde que surte efectos la notificación, y la demanda puede presentarse por escrito o en línea. Determinamos primero la vía, ordinaria o sumaria, porque cambia los plazos del juicio: la ampliación de la demanda es de diez días en la ordinaria y de cinco en la sumaria.

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (última reforma DOF 16-10-2025), art. 3, frs. IV, VII, VIII, IX, XII y XV; Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (última reforma DOF 09-06-2026), arts. 13, fr. I, 17, 58-2, 58-6 y 74.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa conoce de las resoluciones en materia de pensiones civiles a cargo del ISSSTE: la negativa de una pensión por jubilación, edad y tiempo de servicios, viudez u orfandad, una cuota calculada con un sueldo o una antigüedad menores a los reales y los incrementos que no se aplicaron. Revisamos su concesión de pensión, su hoja única de servicios y sus talones de pago para identificar la diferencia y lo que puede pedirse. El derecho a la pensión es imprescriptible, pero las pensiones caídas y cualquier otra prestación en dinero, como las diferencias, que no se reclamen dentro de los cinco años siguientes a que fueron exigibles prescriben a favor del Instituto.

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, art. 3, frs. VII y XV; Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (última reforma DOF 15-01-2026), art. 248; Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, art. 13, fr. I.

Las faltas no graves las resuelven los órganos internos de control, y las graves el Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco o el TFJA, según se trate de servidores públicos locales o federales. En la audiencia inicial usted rinde su declaración y ofrece todas sus pruebas, porque al cerrarse sólo se admiten las supervenientes; por eso preparamos la defensa desde el emplazamiento, que debe hacerse con diez a quince días hábiles de anticipación. Revisamos además la prescripción, de tres años para faltas no graves y de siete para graves, la caducidad que puede pedirse cuando el procedimiento se detiene más de seis meses sin causa justificada y, si hay sanción por falta no grave, el recurso de revocación, que se presenta dentro de los quince días hábiles siguientes, y el juicio ante el tribunal competente.

Ley General de Responsabilidades Administrativas (última reforma DOF 15-12-2025), arts. 74, 208 y 210; Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, art. 1; Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, art. 4, numeral 2; Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, arts. 3, fr. XVI, y 4.

Los integrantes de las instituciones policiales se rigen por sus propias leyes y su relación con el Estado o el municipio es administrativa, por lo que las controversias sobre su separación, remoción o baja las conoce el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. La Constitución impide la reincorporación: si el Tribunal resuelve que la terminación fue injustificada, el gobierno sólo está obligado a pagar la indemnización y las demás prestaciones a que usted tenga derecho. Revisamos el procedimiento que se siguió en su contra, las pruebas y el cálculo de lo que puede reclamarse, y presentamos la demanda dentro del plazo general de treinta días hábiles.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (últimas reformas DOF 02-06-2026), art. 123, apartado B, fr. XIII; Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, art. 4, numeral 1, fr. I, inciso e); Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, arts. 19, fr. II, y 31.

La Constitución hace al Estado responsable, en forma objetiva y directa, de los daños que cause con su actividad administrativa irregular, que la ley define como la que daña a un particular sin que éste tenga la obligación jurídica de soportarlo, por ejemplo con motivo de una obra o de un servicio a cargo del gobierno. La reclamación se presenta ante la dependencia, el ayuntamiento o el organismo presuntamente responsable, con los hechos, un cálculo estimado del daño, la relación de causalidad y las pruebas. En Jalisco el derecho prescribe en un año, que en daños físicos o psíquicos corre desde la curación o la determinación de las secuelas; en el ámbito federal prescribe en un año, o en dos si hay daño físico o psíquico. Si la autoridad niega la indemnización o la otorga incompleta, se impugna ante la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco o ante el TFJA.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 109, último párrafo; Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios (última reforma P.O. 07-11-2020), arts. 2, fr. I, 20, 22, 28 y 29; Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado (última reforma DOF 29-12-2023), arts. 1, 18, 24 y 25; Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, art. 3, fr. IX.

Si participó en un procedimiento de contratación y considera que la convocatoria, la evaluación o el fallo son ilegales, el plazo para inconformarse es muy breve: seis días hábiles en los procedimientos federales, diez en las licitaciones internacionales bajo la cobertura de tratados, y cinco días hábiles en las adquisiciones, arrendamientos y servicios del Gobierno de Jalisco y de sus municipios; la obra pública estatal y municipal tiene su propia ley. Preparamos la inconformidad, la solicitud de suspensión y la garantía que pueda exigirse y, si la resolución no le favorece, el recurso de revisión o el juicio ante el tribunal competente. También atendemos controversias sobre la interpretación y el cumplimiento de contratos públicos, como rescisiones, penas y pagos pendientes, que se dirimen ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco o ante el TFJA.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (nueva ley DOF 16-04-2025), arts. 95 y 104; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (última reforma DOF 14-11-2025), art. 83; Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (última reforma P.O. 27-08-2026), arts. 1, 90, 99 y 104; Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, art. 4, numeral 1, fr. I, inciso b); Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, art. 3, fr. VIII.

A toda petición escrita, pacífica y respetuosa debe recaer un acuerdo escrito que la autoridad le haga conocer en breve término. Conforme a la ley estatal de procedimiento administrativo, que en los municipios se aplica cuando su reglamento no prevé otra cosa, si la autoridad no resuelve en diez días hábiles una solicitud de acto declarativo, como una constancia, o en dos meses una de acto constitutivo, salvo plazo especial, se entiende negada; esa negativa ficta se impugna con el recurso de revisión o con el juicio de nulidad, acompañando el escrito con el sello de recibido. En trámites federales, salvo plazo distinto, el silencio de tres meses se entiende como negativa y se impugna ante el TFJA. También puede promoverse amparo por violación al derecho de petición; en cada caso comparamos esa vía con la negativa ficta.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 8o.; Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, arts. 2, 9, 24, 25, 26 y 28; Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, art. 148; Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, arts. 32 y 36, fr. IV; Ley Federal de Procedimiento Administrativo (última reforma DOF 14-11-2025), art. 17; Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, art. 3, fr. XV.

La información pública le sirve para conocer documentos de un trámite, las bases de una licitación o los datos de una obra, y muchas veces es prueba para otro juicio. Redactamos la solicitud con precisión y, si el sujeto obligado clasifica la información como reservada o confidencial, declara que no existe, la entrega incompleta o no responde, interponemos el recurso de revisión dentro de los quince días siguientes ante la autoridad garante que corresponda. La Ley General publicada en 2025 fija un máximo de veinte días para responder, ampliable hasta por diez más, y permite impugnar las resoluciones de las autoridades garantes mediante el recurso de inconformidad, en los casos que prevé, o mediante amparo. Las solicitudes dirigidas a dependencias de Jalisco y de sus municipios se rigen además por la ley estatal de la materia.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (nueva ley DOF 20-03-2025), arts. 134, 144, 145 y 161.