Abogados de amparo que trabajan con inteligencia artificial

Procede ante un juzgado de distrito contra actos de autoridades distintas de los tribunales, como los ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara, las dependencias del Gobierno de Jalisco o las oficinas federales. Antes revisamos si la ley obliga a agotar primero un recurso o un juicio, como el que se sigue ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, lo que depende de que ese medio permita suspender el acto con los mismos alcances que el amparo. Esa obligación no existe cuando el acto carece de fundamentación, cuando sólo se alegan violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso está previsto en un reglamento sin que la ley lo contemple. Promovido a tiempo y con la suspensión, puede evitarse que el acto se ejecute mientras se resuelve.

Ley de Amparo, arts. 1o., fr. I; 17; 61, fr. XX; 107, fr. II y III; 128 (última reforma DOF 16-10-2025).

Si la norma le afecta desde que entra en vigor, puede impugnarla dentro de los treinta días siguientes, contados desde ese mismo día, o esperar al primer acto en que se le aplique y promover dentro de los quince días siguientes. Si la norma necesita un acto de aplicación para afectarle, el plazo es de quince días desde ese primer acto. Desde octubre de 2025, quien alega interés legítimo debe demostrar una lesión real y diferenciada del resto de las personas, por lo que hay que acreditar bien cómo le perjudica la norma. La sentencia protege sólo a quien promovió el amparo, y ni ella ni la suspensión pueden tener efectos generales.

Ley de Amparo, arts. 5o., fr. I; 17, fr. I; 18; 61, fr. XII y XIV; 73; 107, fr. I; 108, fr. III; 148.

En estos casos no hace falta agotar antes la apelación ni otros recursos del proceso penal, y el plazo es el general de quince días, porque la orden y el auto se dictan dentro del procedimiento penal. La suspensión contra una orden de aprehensión impide que lo detengan, bajo las medidas de aseguramiento que fije el juzgado, cuando el delito no amerita prisión preventiva oficiosa; si la amerita, sólo lo deja a disposición del juzgado de amparo en lo relativo a su libertad y el proceso continúa. Cuando se reclaman violaciones a los artículos 19 o 20 constitucionales, como en el auto de vinculación, el juez penal debe suspender el procedimiento en lo que a usted corresponde una vez concluida la etapa intermedia, hasta que reciba la notificación de lo resuelto en el amparo.

Ley de Amparo, arts. 6o.; 17; 18; 61, fr. XVII y XVIII, incisos b) y d); 77; 107; 166 (reforma DOF 16-10-2025); Suprema Corte, Primera Sala, contradicción de criterios 325/2022, resuelta el 16-ago-2023 (plazo genérico de quince días contra la orden de aprehensión).

La demanda puede presentarse en cualquier tiempo, a cualquier hora y por cualquier persona en nombre de quien no puede hacerlo, aunque sea menor de edad. Basta señalar el acto, la autoridad que lo ordenó o lo ejecuta, si se conoce, y el lugar donde se encuentra la persona, y puede hacerse por escrito, por comparecencia o por medios electrónicos sin firma electrónica. El juzgado concede la suspensión de oficio y de plano, y ante una posible desaparición forzada debe darle trámite en un plazo no mayor de veinticuatro horas. Cuando la persona afectada comparece, debe ratificar la demanda dentro de tres días.

Ley de Amparo, arts. 15; 17, fr. IV; 20; 109; 126.

Procede contra lo que resuelven en definitiva los tribunales civiles, familiares, mercantiles, penales, laborales y administrativos, incluidos el TFJA y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, una vez agotados los recursos ordinarios. La demanda se presenta por conducto de la autoridad que dictó la sentencia, en quince días, salvo la sentencia penal condenatoria con pena de prisión, que admite hasta ocho años. Las violaciones al procedimiento sólo pueden hacerse valer si se impugnaron durante el juicio, con excepciones en asuntos de familia, menores, trabajadores y personas inculpadas, entre otros. Si usted ganó y la contraparte promueve amparo, tiene quince días para presentar amparo adhesivo; si no lo hace, pierde la oportunidad de alegar después las violaciones procesales cometidas en su contra.

Ley de Amparo, arts. 17, fr. II; 34; 170; 171; 175; 176; 181; 182; 190.

Combatimos reformas fiscales que le afectan y actos de cobro o ejecución, y revisamos antes si conviene o si es obligatorio acudir primero a otro medio: el recurso de revocación, que en materia federal es optativo y se presenta dentro de los treinta días siguientes a que surte efectos la notificación, o el juicio de nulidad ante el TFJA, también de treinta días. La suspensión contra un cobro fiscal surte efectos cuando se garantiza el interés fiscal ante la autoridad exactora por los medios que permitan las leyes fiscales aplicables, y el juzgado puede reducir o dispensar la garantía en los casos que fija la ley. Desde octubre de 2025, si el crédito fue impugnado y quedó firme, hay que esperar a que se publique la convocatoria de remate para promover el amparo contra su cobro, y en ese caso la suspensión sólo surte efectos con billete de depósito o carta de crédito.

Ley de Amparo, arts. 17, fr. I; 61, fr. XX; 107, fr. I y II; 135 (reforma DOF 16-10-2025); Código Fiscal de la Federación, arts. 120, 121 y 141 (última reforma DOF 09-04-2026); Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, art. 13, fr. I (última reforma DOF 09-06-2026).

La ley permite reclamar omisiones, y considera autoridad responsable también a la que deja de hacer lo que le corresponde. Es frecuente contra la falta de respuesta a un escrito, que viola el derecho de petición, y, en ciertos casos, contra instituciones públicas de salud que niegan o retrasan un tratamiento, una cirugía o un medicamento. Si se concede el amparo, la autoridad queda obligada a respetar el derecho y a cumplir lo que éste exija. Cuando la falta de atención implica peligro de privación de la vida, la demanda puede presentarse en cualquier tiempo y la suspensión se decreta de oficio y de plano.

Constitución, arts. 4o. y 8o.; Ley de Amparo, arts. 1o., fr. I; 5o., fr. II; 17, fr. IV; 77, fr. II; 126.

Desde la reforma de octubre de 2025, el juzgado debe verificar cuatro requisitos: que el acto exista o sea inminente, que usted acredite al menos de forma indiciaria cómo le afectaría su ejecución, que la medida no cause un daño significativo a la colectividad y que su reclamo luzca fundado en un análisis preliminar, lo que la ley llama apariencia del buen derecho. Se pide con la demanda o en cualquier momento antes de la sentencia firme; la provisional se resuelve en el auto que recae a la solicitud y la definitiva en una audiencia incidental que debe celebrarse dentro de cinco días. Si la medida puede dañar a un tercero, hay que otorgar la garantía que fije el juzgado dentro de cinco días, porque de lo contrario puede dejar de surtir efectos. La reforma también la limitó en ciertos casos, como los vinculados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, en los que no procede la provisional y la definitiva sólo se concede sobre cuentas cuya licitud se acredite.

Ley de Amparo, arts. 125; 126; 128; 129, fr. XIV; 130; 132; 136; 138; 139; 147; 148 (reforma DOF 16-10-2025).

Es frecuente cuando embargan, rematan o desalojan un inmueble que es suyo por un juicio seguido contra otra persona. Procede el amparo indirecto ante un juzgado de distrito sin necesidad de agotar los recursos de ese juicio, y el plazo de quince días corre desde que usted tiene conocimiento del acto. Si el embargo lo ordenó una autoridad administrativa, como el SAT o una tesorería municipal, esa excepción no aplica y hay que revisar antes si debe agotarse un recurso. Conviene reunir pronto las pruebas de su propiedad o posesión, como escrituras, contratos o recibos. Si el bien está sujeto a extinción de dominio y usted es ajeno a ese procedimiento, la ley permite conceder la suspensión.

Ley de Amparo, arts. 5o., fr. III, inciso b); 17; 18; 61, fr. XVIII, inciso c), y XX; 107, fr. VI; 129, fr. XII.

Si usted es parte en un juicio civil, mercantil, familiar, laboral o administrativo, el amparo indirecto procede contra actos que afectan materialmente un derecho sustantivo y que la sentencia ya no podría reparar, y contra actos del tribunal realizados fuera de juicio o después de concluido. En la ejecución de una sentencia, la ley sólo permite reclamar la última resolución, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total o declara que es imposible cumplir, y en un remate, la que ordena otorgar la escritura de adjudicación y entregar los bienes; en ese amparo se hacen valer las violaciones cometidas durante el procedimiento. Antes deben agotarse los recursos que prevea la ley del juicio, salvo las excepciones legales.

Ley de Amparo, arts. 17; 18; 61, fr. XVIII; 107, fr. IV y V.

Si usted denunció un delito y el Ministerio Público no investiga, archiva la carpeta o decide no ejercer la acción penal, la Constitución le permite impugnarlo ante la autoridad judicial. La abstención de investigar, el archivo temporal, el criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal se impugnan primero ante el juez de control, dentro de los diez días siguientes a su notificación. Revisamos qué medio procede antes del amparo y, en su caso, promovemos el amparo indirecto contra lo que se resuelva o contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación. Como víctima u ofendido también puede promover amparo directo contra la sentencia penal, sea condenatoria, absolutoria o de sobreseimiento.

Constitución, art. 20, apartado C, fr. VII; Código Nacional de Procedimientos Penales, arts. 109, fr. XXI, y 258 (última reforma DOF 28-11-2025); Ley de Amparo, arts. 5o., fr. I; 61, fr. XVIII; 107, fr. VII; 170, fr. I.

La revisión, de diez días, procede contra la sentencia de la audiencia constitucional, contra la resolución sobre la suspensión definitiva y contra el sobreseimiento dictado fuera de audiencia; si usted obtuvo resolución favorable, puede adherirse dentro de cinco días. La queja procede, entre otros casos, contra el desechamiento de la demanda y contra la suspensión provisional o de plano, y su plazo es de cinco días, o de dos días hábiles cuando se trata de esa suspensión. La reclamación, de tres días, combate los acuerdos de trámite de la presidencia de un tribunal colegiado o de la Suprema Corte. En amparo directo, la revisión sólo procede por cuestiones de constitucionalidad que, a juicio de la Suprema Corte, revistan un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

Ley de Amparo, arts. 80; 81; 82; 83; 84; 86; 97; 98; 104.

Cuando la sentencia causa ejecutoria, el juzgado requiere a la autoridad para que cumpla en tres días, bajo apercibimiento de multa, y el incumplimiento puede llegar hasta la Suprema Corte con la separación del cargo de quien no cumple. Si la autoridad informa que ya cumplió, usted tiene tres días para señalar excesos o defectos, o diez en amparo directo, y contra la resolución que tiene por cumplida la sentencia procede la inconformidad en quince días. Si la autoridad repite el acto que se declaró inconstitucional, puede denunciarse dentro de quince días. Cuando cumplir es imposible o desproporcionadamente gravoso, la ley prevé el cumplimiento sustituto mediante el pago de daños y perjuicios.

Ley de Amparo, arts. 77; 192; 193; 196; 199; 201; 202; 204; 205.