Abogados fiscales que trabajan con inteligencia artificial

Revisamos si la resolución está debidamente fundada y motivada, si la autoridad la emitió dentro de sus plazos y si los cálculos son correctos. Según convenga, la combatimos con recurso de revocación ante la propia autoridad o con juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en ambos casos dentro de treinta días hábiles. Si el crédito ya se está cobrando, preparamos al mismo tiempo la garantía o la defensa contra el embargo.

Arts. 12, 65, 117, 120, 121 y 125 del Código Fiscal de la Federación (última reforma DOF 09-04-2026); art. 13, fr. I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (última reforma DOF 09-06-2026); art. 3, fr. II y IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La auditoría es la mejor oportunidad para desvirtuar observaciones: hay al menos veinte días después de la última acta parcial o del oficio de observaciones, y quince días después de la resolución provisional de una revisión electrónica. Revisamos la orden, la competencia de quien la firma y que se respeten los plazos máximos, que por regla general son de doce meses para concluir la visita o la revisión de gabinete y de seis meses para emitir la liquidación. Preparamos la respuesta con su contabilidad y, si conviene, la solicitud de acuerdo conclusivo.

Arts. 42, fr. II, III y IX; 46, fr. IV; 46-A; 48, fr. VI; 50 y 53-B del Código Fiscal de la Federación.

Revisamos si el crédito que se cobra es exigible, si ya prescribió y si el embargo respeta los límites legales: el embargo de cuentas no puede exceder del crédito actualizado con sus accesorios, y la ley protege bienes como los sueldos, las pensiones y el ahorro para el retiro dentro de ciertos montos. Las violaciones del cobro se combaten con recurso de revocación con reglas de plazo propias: el embargo de dinero o depósitos en cuentas, el de bienes inembargables y los actos de imposible reparación se impugnan dentro de los treinta días hábiles siguientes al requerimiento o a la diligencia, y las demás violaciones anteriores al remate dentro de los diez días siguientes a la publicación de la convocatoria. Si el crédito ya se impugnó y quedó firme, desde la reforma publicada el 16 de octubre de 2025 no proceden el recurso de revocación ni el juicio de nulidad contra su cobro ni contra la respuesta a una solicitud de prescripción, y el amparo queda sujeto a reglas más estrictas, así que conviene actuar desde la primera notificación.

Arts. 117, fr. II, 121, 124, fr. XI y XII (adicionadas DOF 16-10-2025), 127, 146, 151, 155, 156-Bis y 157 del Código Fiscal de la Federación; art. 3, fr. II de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (reformada DOF 16-10-2025); arts. 107, fr. II y 135 de la Ley de Amparo (reformados DOF 16-10-2025).

Para suspender el procedimiento de ejecución hay que acreditar la impugnación y garantizar el crédito dentro de los treinta días siguientes a la notificación, o de quince si se trata de cuotas o capitales constitutivos del IMSS o de créditos del INFONAVIT. Con la reforma publicada el 9 de abril de 2026 usted elige libremente la forma: billete de depósito, carta de crédito, prenda o hipoteca, fianza, obligación solidaria de un tercero o embargo en la vía administrativa. La garantía debe cubrir el crédito actualizado, los accesorios causados y los que se causen en los doce meses siguientes; si la autoridad ya embargó bienes suficientes, no puede exigirle una garantía adicional.

Arts. 65, 141 (reformado DOF 07-11-2025 y 09-04-2026) y 144 del Código Fiscal de la Federación; art. 28, fr. II, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Si el SAT le restringe temporalmente el certificado de sello digital, tiene un plazo no mayor a cuarenta días hábiles para presentar la solicitud de aclaración con las pruebas que desvirtúen la causa; por regla general, al día siguiente de presentarla se le debe permitir facturar mientras la autoridad resuelve, en un plazo de diez días. Si no se presenta a tiempo o no se desvirtúa la causa, el certificado se deja sin efectos. Preparamos la aclaración, atendemos los requerimientos y, si el certificado ya fue cancelado, seguimos el procedimiento para obtener uno nuevo o impugnamos la resolución.

Arts. 17-H y 17-H Bis del Código Fiscal de la Federación.

Con opinión negativa no puede contratar con las autoridades, entidades y demás sujetos que ejercen recursos públicos federales ni recibir subsidios o estímulos, y muchas empresas la piden a sus proveedores. Suele deberse a declaraciones no presentadas, créditos fiscales no pagados ni garantizados, a figurar como no localizado o a diferencias entre lo declarado y lo facturado. Detectamos la causa, presentamos la aclaración ante el SAT y, si el origen es un crédito, definimos si conviene impugnarlo, garantizarlo o pagarlo en parcialidades.

Arts. 32-D y 66 del Código Fiscal de la Federación; reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente sobre la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.

La autoridad debe devolver dentro de los cuarenta días siguientes a una solicitud completa y, si se retrasa, pagar intereses; para verificarla puede hacer requerimientos o abrir una revisión que por regla general dura hasta noventa días y en la que no puede determinarle un crédito. Si niega total o parcialmente la devolución, la combatimos con recurso de revocación o con juicio de nulidad. Desde la reforma publicada el 9 de junio de 2026, el juicio contra estas resoluciones va por la vía sumaria cuando el importe no excede de treinta veces la UMA elevada al año, con plazos más cortos dentro del juicio.

Arts. 22, séptimo párrafo, 22-A, 22-D y 117, fr. I, inciso b) del Código Fiscal de la Federación; art. 58-2, fr. VI de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (adicionada DOF 09-06-2026); art. 3, fr. III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Si el SAT lo señala como emisor de comprobantes sin capacidad para realizar las operaciones, tiene quince días desde la última notificación, prorrogables cinco, para aportar pruebas antes de que lo incluya en el listado definitivo. Si quien aparece en el listado es un proveedor suyo, cuenta con treinta días desde la publicación para acreditar que recibió los bienes o servicios o para corregir su situación fiscal. Reunimos la prueba de que las operaciones existieron, como contratos, entregables, pagos y correspondencia, y la presentamos en tiempo.

Art. 69-B del Código Fiscal de la Federación; arts. 17-H, fr. XI y 17-H Bis, fr. V del mismo Código.

Si en el reconocimiento aduanero, en la verificación de mercancías en transporte o en una auditoría la autoridad embarga precautoriamente sus mercancías, levanta un acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera y usted cuenta con diez días hábiles para ofrecer pruebas y alegatos. Si esas pruebas no resuelven el asunto de inmediato, la autoridad debe dictar resolución dentro de cuatro meses desde que el expediente queda integrado, salvo las suspensiones que prevé la ley, y si no lo hace sus actuaciones quedan sin efectos. Reunimos pedimentos, facturas y documentos que acrediten la legal estancia y el valor de las mercancías y, si la resolución es desfavorable, la impugnamos con recurso de revocación o juicio de nulidad.

Arts. 1, 150, 151, 152 y 153 de la Ley Aduanera (última reforma DOF 19-11-2025); arts. 12 y 117, fr. I, inciso c) del Código Fiscal de la Federación.

El recurso de revocación, que se presenta por buzón tributario ante la propia autoridad, es optativo: usted puede acudir directamente al juicio de nulidad, y en ambos casos el plazo general es de treinta días hábiles. La vía elegida debe seguirse después para los actos antecedentes o consecuentes, y desde la reforma publicada el 16 de octubre de 2025 el recurso ya no procede contra actos que usted manifieste desconocer, que se combaten en el juicio, así que la decisión se toma con estrategia. El juicio puede llevarse en papel o en línea, y en él se pide la suspensión del cobro garantizando el interés fiscal; desde la reforma del 9 de junio de 2026, la vía sumaria comprende los supuestos que señala la ley cuando el importe no excede de treinta veces la UMA elevada al año.

Arts. 117, 120, 121, 124, fr. X (adicionada DOF 16-10-2025) y 125 del Código Fiscal de la Federación; arts. 13, 16, fr. II, 28, 58-2 y 74 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (última reforma DOF 09-06-2026).

El acuerdo conclusivo se pide ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente durante una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o una revisión electrónica, una vez que la autoridad calificó los hechos u omisiones y a más tardar dentro de los veinte días siguientes al acta final, al oficio de observaciones o a la resolución provisional. Mientras se tramita se suspenden los plazos de la auditoría, y quien lo suscribe por primera vez obtiene la reducción del cien por ciento de las multas; lo acordado ya no admite medio de defensa. También presentamos quejas ante la PRODECON por actos que vulneran sus derechos, con la advertencia de que la queja no suspende los plazos para impugnar.

Arts. 69-C a 69-H del Código Fiscal de la Federación; art. 5, fr. III y párrafos finales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

El IMSS y el INFONAVIT son organismos fiscales autónomos: auditan, liquidan y cobran con las facultades que el Código Fiscal de la Federación da a las autoridades fiscales, y los plazos para defenderse de sus resoluciones son más cortos. Contra sus resoluciones procede el recurso de inconformidad dentro de quince días hábiles o, a su elección, el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; si la inconformidad se presenta en tiempo, la garantía puede esperar a que se resuelva, y a partir de entonces hay diez días para pagar o garantizar. También revisamos la determinación de la prima del seguro de riesgos de trabajo y las liquidaciones de aportaciones y amortizaciones de vivienda.

Arts. 74, 271, 287, 294 y 295 de la Ley del Seguro Social; art. 6 del Reglamento del Recurso de Inconformidad (DOF 30-06-1997); arts. 30, 52 y 54 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; art. 11 del Reglamento de la Comisión de Inconformidades del INFONAVIT (DOF 20-07-2018); art. 144 del Código Fiscal de la Federación (reformado DOF 07-11-2025).

Las contribuciones estatales y municipales se defienden ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, con demanda dentro de treinta días hábiles. Contra cobros municipales, como el predial, también procede el recurso de reconsideración ante la propia autoridad dentro de quince días hábiles; si ya pagó, el plazo es de dos meses cuando pidió que se hiciera constar que pagaba “bajo protesta” y de veinte días hábiles cuando no quedó esa constancia. Contra créditos estatales, como el impuesto sobre nóminas que administra el Servicio Estatal Tributario de Jalisco, el Código Fiscal del Estado prevé el recurso de revocación dentro de veinte días hábiles y lo señala como obligatorio antes del juicio, aunque la Ley de Justicia Administrativa declara optativos los recursos, así que cuidamos el plazo más corto. Revisamos bases de cálculo, valores catastrales, recargos y multas antes de elegir la vía.

Arts. 1, 9, 19, fr. II y 31 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco (última reforma publicada el 20-08-2026); arts. 102 y 195 a 199 del Código Fiscal del Estado de Jalisco (última reforma publicada el 14-05-2026); arts. 55, 92, 249, 318 y 320 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; arts. 39 y siguientes de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco.